INMIGRACIÓN Y LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

La inmigración es una realidad social que siempre ha existido. Tanto antaño como ahora, los motivos que impulsan al hombre a abandonar su lugar de origen obedecen a la legítima aspiración de conseguir una mayor calidad de vida, buscando condiciones mejores, ya sean económicas o sociales.

España se ha convertido, durante los últimos años, en una de las puertas de entrada de la Unión Europea: la cercanía geográfica al continente africano y la identidad cultural y lingüística con Iberoamérica, la convierten en una elección mayoritaria para africanos y latinos, que son los dos colectivos extracontinentales de inmigrantes más numerosos.

Hace unas décadas, el desarrollo económico de nuestro país, principalmente en los sectores de construcción y turismo, propició la llegada masiva de mano de obra barata, pasando de representar al 2,5 % de la población total a mediados de los 90 a casi el 15% actual. Agricultura, construcción, servicios, comercio ambulante, que son sectores caracterizados por bajos salarios y condiciones precarias, acogieron a estos trabajadores, algunos en situaciones muy vulnerables, ya que carecían de documentación que les permitiera acceder a los procedimientosbásicos para la obtención de un permiso de residencia.

La Unión Europea, y con ella el gobierno español, ha ido aprobando normativas cada vez más restrictivas, que vulneran derechos básicos como la libre circulación de las personas, y así, por ejemplo, la llamada Directiva de la vergüenza, en 2008, amplió los plazos de detención mediante orden administrativa y facilitó las expulsiones. Asimismo, el Frontex (Agencia europea para la gestión integrada de las fronteras exteriores de los estados miembros de Unión Europea) ha incrementado sus recursos para blindar las fronteras. Más trabas a la libre circulación que, al intentar saltarlas, provocan la búsqueda de nuevos itinerarios incrementando el riesgo de accidentes y en consecuencia, más muertes. La ineficacia del Frontex para la contención de la inmigración es evidente, prueba de ello es el proceso de externalización de fronteras con el que se pretende trasladar la responsabilidad en el control a los países de tránsito, en los que se subcontratan las medidas de detención y de repatriación de los inmigrantes, en la mayoría de los casos sin las más mínimas garantías de respeto a los derechos básicos de éstos.

En España, los CIE's (Centros de Interna-miento de Extranjeros) suponen la definitiva criminalización de las personas migrantes, simplemente por encontrarse en una situación administrativa irregular. Los extranjeros, que en principio están allí por haber cometido una falta administrativa, pueden pasar encerrados un máximo de 60 días hasta que se dictamine la expulsión o la puesta en libertad. Aunque no son presos, están privados de libertad, y para mantener el orden y asistirlos solo hay policías, que se ven obligados a hacer las veces de funcionarios de prisiones. Sus condiciones son peores que las de la mayoría de las cárceles. Colectivos como jueces, colegios de abogados y ONG's coinciden en pedir un reglamento con la máxima urgencia; una norma que delimite con precisión las condiciones que deben tener, cómo se debe tratar a los internos y el resto de extremos como los relativos al régimen de visitas, o la asistencia sanitaria. 

He visitado durante dos meses a un maliense, que finalmente no fue expulsado por la situación política de su país, y el trato que se da tanto a los allí internados como a los visitantes es carcelario. La visita se desarrolla en una sala común para unas diez personas con un cristal por medio, que sólo se abre al comienzo para poder saludarse; el diálogo, de unos 15 minutos, mediante un teléfono, y los objetos personales, ropa, libros, monedas para las máquinas de café, y útiles de aseo que se les lleven son minuciosamente revisados por policías que permanecen presentes en toda la visita. La angustia, la soledad de muchos de los internos se agrava al no poder ser visitados por sus familiares y amigos, ya que si éstos están también en situación irregular carecen de la documentación que se solicita para poder acceder al centro.

Las repatriaciones suelen ser traumáticas, a menudo esposados para evitar resistencias, y con grave riesgo de persecución y muerte en casos como el reciente de 54 congoleños deportados a finales de marzo desde el CIE de Aluche (Madrid) a la Republica Democrática del Congo, donde fueron internados en un centro penitenciario de Kinshasa hasta que se compruebe si son contrarios al régimen gobernante.

Conseguir la tarjeta de residencia y trabajo, objetivo prioritario de los inmigrantes para abandonar su situación irregular, conlleva, entre otros requisitos, acreditar haber residido en España durante tres años y contar con un contrato de trabajo, condicionado a la obtención del permiso. El empresario que firme el contrato habrá de acreditar solvencia económica, pago de impuestos, necesidad de contratación y otros extremos que, en la práctica, disuaden a muchos de ellos de realizarlo. Además, la mayoría de las denegaciones de las solicitudes de los permisos de residencia y trabajo son por causas o defectos imputables al contratante, que, en ocasiones, ha cobrado a la persona necesitada por hacerles "el favor", sabiendo que ésta no puede denunciarle dada su situación irregular. Los que emplean muchas veces se aprovechen de esta situación, pagando unos salarios muy bajos y con jornadas más largas de las reguladas en la legislación laboral.

Marina, ecuatoriana, trabaja interna desde su llegada hace 4 años cuidando a un señor mayor. No conoce horarios ni vacaciones, hace las tareas de la casa, acompaña al anciano a médicos y paseos, le vela en sus enfermedades e ingresos en el hospital y para obtener su permiso de residencia ha convenido con el empleador en pagar ella toda la cuota de la seguridad social, con lo cual su sueldo, ya de por sí bajo, ha menguado. No obstante, se siente agradecida a sus explotadores por facilitarle el contrato, como si fuera un favor y no su pleno derecho.

Las personas en esta situación se ven afectadas en su salud, sufren estrés, ansiedad, miedo a ser detenidos, ya que, aunque en la mayoría de los casos no son expulsados, son llevados a comisaría para su identificación y se les abre un expediente que finaliza con la imposición de una multa de 501 €; cantidad desorbitada para salarios como los suyos, que a veces no pueden pagar, y que, en algunos casos, se duplican o triplican, al ser detenidos más de una vez, dado que sus rasgos no les permiten pasar desapercibidos.

Gabriela, hondureña, trabaja duramente toda la jornada en diversas casas para enviar dinero a su familia en su país, donde ha dejado dos hijos pequeños. Me cuenta que el llegar a casa por la noche sin haber sido detenida lo considera un privilegio, aunque para ello haya tenido que bajarse en otras estaciones de metro tratando de evitar aquellas en las que se supone mayor control policial. Los domingos no trabaja, pero tampoco lo aprovecha para salir, le da miedo pasear o circular libremente.
Actualmente, con la crisis económica, miles de inmigrantes, al ser despedidos de sus trabajos, se han convertido de nuevo en irregulares, pues no solamente lo son áquellos que entraron “ilegalmente”, sino también los que siendo legales perdieron la tarjeta de residencia y de trabajo, ya que para renovarla hay que aportar un contrato de trabajo y la cotización de seis meses en la Seguridad Social. 

Recientemente se han aprobado unas modificaciones en el sistema sanitario que nuevamente recorta sus derechos: a partir de ahora los inmigrantes mayores de edad sin regularizar sólo tendrán derecho a la asistencia médica de urgencia; lo que, de hecho, va a suponer la interrupción de tratamientos y el empeoramiento de su calidad de vida, ya, en muchos casos, deficiente.
En esta situación precaria el retorno a su país de origen es una decisión dolorosa para ellos, supone un fracaso y frustración : pierden los bienes, que con tanto esfuerzo consiguieron, y retornan sin un status mejor, evidencian lo que desde aquí ocultan de sus dificultades, se ve interrumpida la formación de sus hijos, …

Leonardo, técnico medio en Perú, albañil durante siete años en España, consiguió reagrupar a su familia hace tres años. Ahora, con más de un año sin encontrar empleo, se debate entre la duda de regresar a su país o permanecer aquí. Sufre vergüenza de regresar allá, afrontar los comentarios de la familia, tener que empezar de nuevo; pero aquí, estar sin empleo, depender de los ingresos de su mujer, pasar el día en la casa, evitar caer en la bebida como otros amigos, le hace sentirse amargado, sin valor. Si finalmente se decide por el regreso, su mujer e hijos quedarán aquí, para no cortar su formación, con lo cual sufrirá, adicionalmente, de esa separación.

Frente a la ideas que culpan a la inmigración del aumento del paro o de la delincuencia, y que los ve como únicos destinatarios de ayudas sociales, la realidad es que la llegada de personas de otros lugares es una gran riqueza, ya que transforman el tejido social donde se insertan con nuevas pautas culturales. Valores que, actualmente, se están perdiendo en nuestra sociedad siguen vigentes en sus costumbres y relaciones como el respeto a los mayores o las celebraciones comunitarias.

Asimismo, desde el punto de vista económico, su aportación ha sido y es importante: ha aumentado la afiliación y cotización a la Seguridad Social, con una contribución neta mayor a la financiación de los servicios públicos al ser bajo el porcentaje de su población dependiente y se ha frenado la regresión demográfica, gracias al mayor número de nacimientos que provienen de la población inmigrante.

Escrito por : Milagros Rodríguez (publicado en el nº 162 de la revista Africana).