Le escribimos en relación a la actual posición política norteamericana " Solución Duradera a la inestabilidad " en la República Democrática del Congo (RDC), la cual presento el 11 de febrero 2013 en Brookings Institution en Washington, D.C., Estados Unidos.
Aunque damos la bienvenida a su llamamiento para una mayor atención y respuesta a la crisis de la RDC, estamos alarmadas porque su declaración implica que el único camino para resolver dicha crisis sería un esfuerzo internacional similar al alcanzado en Yugoslavia y Sudan; dos países que quedaron divididos.
“Sin duda, una solución sofisticada y respaldada internacionalmente es el único camino a seguir. Fuimos capaces de alcanzar tal solución para finalizar el conflicto en la antigua Yugoslavia a través de los acuerdos de Dayton. Fuimos capaces de terminar con la más larga guerra civil africana, el conflicto de Sudan, por medio del acuerdo de paz que fue negociado por los estados pertenecientes al IGAD y respaldado por los Estados Unidos, Noruega y Gran Bretaña.” – Johnnie Carson
Estamos profundamente preocupadas por esta visión neocolonial que los Estados Unidos están imponiendo sobre las poblaciones de la RDC cuando organizan los temas de paz y seguridad en la región de los Grandes Lagos de África. Mientras que Estados Unidos ha estado gestionando las cuestiones de paz y seguridad en sus 50 estados asi como apoyando la unidad de los 27 países europeos bajo la Unión Europea sin siquiera considerar su fragmentación, la administración parece aceptar la escisión de los países africanos como una solución viable para los mismos temas.
Este tratamiento de los territorios africanos recuerda la conferencia de Berlín de 1884-1885 donde los poderes coloniales trazaron el mapa de África sin tener en cuenta la voluntad de los africanos. Nosotras conmemoramos el 19 centenario del genocidio de millones de congoleños, perpetrado por miembros de la International African Association, bajo la dirección de Leopoldo II de Bélgica, quien los utilizo como mano de obra forzada en la recolección de caucho consiguiéndolo cortando cabezas y manos de la población congoleña recalcitrante.
Invocamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención por la Abolición de la Esclavitud de 1956, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 que reconoce el derecho de todos los pueblos a existir, a vivir en paz y dignidad, a autodeterminarse, a decidir libremente su status político, a perseguir sus objetivos económicos, sociales y culturales y a gestionar y hacer uso de sus propios recursos.
Citamos los siguientes informes que señalan crímenes internacionales cometidos en la RDC y en la región de los Grandes Lagos de África desde 1994:
El
informe del grupo de expertos de la ONU de noviembre del 2012 sobre el
papel jugado por Ruanda y Uganda en la dirección de grupos de milicias
en la RDC. El
informe “Mapping Exercise” del 2010 de la ONU, acerca de importantes
violaciones de los derechos humanos y de las leyes internacionales
cometidos entre 1993 y 2003 en la RDC. El
informe Mukwege y Nangini del 2009 acerca de violaciones y extrema
violencia: un arma de guerra, de destrucción y desplazamiento en la RDC. El
informe del 2008 de los expertos de la ONU mostrando la implicación de
diferentes compañías en la financiación de los conflictos en la RDC y
particularmente de los grupos armados. La
resolución 1756 del Consejo de Seguridad de la ONU que reconoce la
relación entre el comercio ilegal de recursos naturales y la
proliferación del tráfico de armas en la RDC. El informe Lutundula del año 2006 acerca de la explotación minera y los contratos ilegales en la RDC. La
resolución 1533 del Consejo de Seguridad de Seguridad del año 2004
acerca del flujo ilícito de armas en la RDC y del embargo de armas a los
países extranjeros y fuerzas congoleñas. El informe Kassem del año 2002 de la ONU sobre explotación ilegal y comercio de recursos naturales en la RDC. El informe Garreton del año 1998 sobre la situación de los derechos humanos en la RDC. El
informe Gersony de 1994 acerca de las masacres del Frente Patriótico
Ruandes dirigido por Paul Kagame después de la guerra civil
post-genocidio en Ruanda.Los crímenes cometidos en la RDC desde 1996, violan los artículos 6, 7 y 8 del estatuto de Roma definidos como como delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, violencia sexual, persecución y desplazamientos forzados y crímenes de guerra.
Los consecutivos conflictos armados que han tenido lugar en la RDC son guerras por intermediación financiadas por corporaciones multinacionales para el acceso ilegal y el control de coltan, casiterita, berilio, niobio, andesina, europio rutenio (usado en la industria aeronáutica y espacial), petróleo, diamantes, oro, zinc, cobalto, cobre, plata, cadmio, uranio, y otros raros y nuevos metales de excepcional concentración en el suelo de la RDC. La explotación de estos recursos naturales es frecuentemente llevada a cabo en condiciones inhumanas y peligrosas por hombres mujeres así como por niños quienes son explotados, tratados sin dignidad humana y frecuentemente forzados a trabajar a punta de pistola.
Bajo el pretexto de la auto defensa, Ruanda ha invadido militarmente la RDC desde 1996 y se ha implicado en masacres genocidas de civiles, refugiados congoleños y ruandeses, y ha aprovechado la oportunidad para saquear los recursos naturales de la RDC. Esto ha incitado a hacer lo mismo a otros países fronterizos con la RDC, como Uganda.
Esta situación dio lugar a una guerra regional en suelo congoleño donde estuvieron envueltos más de siete países extranjeros y donde se produjeron batallas entre los ejércitos de Ruanda y Uganda como las ocurridas en Kisangani en 1999 y 2000 con total impunidad internacional, a pesar de los numerosos informes de muertes de civiles congoleños y de violencia sexual cometidos por ambas tropas.
Nosotras invocamos las resoluciones 1674 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre protección de civiles en conflictos armados y las resoluciones 1493 (2003), 1596 y 1616 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007 -2008) de embargos de armas contra los grupos armados en el este de la RDC.
Citamos la resolución 1794 (2007) del Consejo de Seguridad de la ONU que subraya que se debe dar prioridad a la protección de civiles cuando se toma la decisión sobre el uso y capacidades de los recursos y establece que la Misión del Consejo de Seguridad de la ONU debe usar todos los medios necesarios para proteger civiles bajo inminente amenaza de violencia física.
Nosotras señalamos la falta de responsabilidad por parte de los Estados Unidos como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes promovieron y votaron la resolución 929 de la ONU en 1994 que llevo a la "operación turquesa" para tratar la situación humanitaria en Ruanda y la falta de voluntad política para terminar los conflictos armados en la región de los Grandes Lagos de África, la cual requiere la organización de diálogos efectivos inter-ruandeses e inter-ugandeses dialogos necesarios para la paz, seguridad, buena gobernanza, desarrollo económico y estabilidad en la región.
Nosotras recordamos el discurso del presidente Barack Obama en Ghana en julio del 2009 donde públicamente reconoció la necesidad de una nueva aproximación y una ruptura con las practicas neocoloniales, señalando que los Estados Unidos deberían apoyaran "instituciones fuertes" en África y no "hombres fuertes". Estamos por lo tanto, molestas por el olvido de esta visión en la política exterior norteamericana y por el hecho que la actual política para África manifiesta un doble estándar.
Los Estados Unidos actualmente favorecen una agenda militar, subvirtiendo la institucionalización y promocionando la violencia armada como única forma de acceso al poder político y económico en la región de los Grandes Lagos de África.
Estamos preocupadas de que Estados Unidos no esté avanzando decididamente en señalar a Ruanda y Uganda como responsables por su apoyo a las guerras por intermediación y a los crímenes cometidos en la RDC – evitando sancionar a Ruanda en el Consejo de Seguridad de la ONU por violar el régimen de sanciones de la ONU y el embargo de armas en el Congo, denegar más ayudas militares, colocar en la lista de sanciones tanto al gobierno ruandés como a sus oficiales de alto nivel nombrados en los informes de la ONU, e investigar si la enmienda Leahy fue violada por el entrenamiento de tropas ruandesas por parte de los Estados Unidos.
Dadas estas condiciones, nosotras denunciamos el continuado apoyo y promoción de regímenes autoritarios en Ruanda y Uganda, por parte de los Estados Unidos, en relación con los informes que evidencian su significativamente destructivo papel en la RDC en los últimos 16 años. No solo ambos gobiernos de Ruanda y Uganda han militarizado su espacio político en sus respectivos países, sino que han también exportado esta militarización a la RDC en detrimento de las poblaciones civiles congoleñas.
Nosotras denunciamos las visiones neocoloniales y paternalistas impuestas a las poblaciones de la RDC bajo el acuerdo "Framework for Peace, Security and Cooperation" firmado el 24 de febrero del 2013, diseñado bajo el liderato de los Estados Unidos sin ninguna consulta a la RDC y basado en políticas que favorecen los intereses económicos internacionales de las corporaciones multinacionales.
Recordando las resoluciones 1325 y 1820 adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU .sobre mujeres, paz y seguridad, la Diáspora de Mujeres Congoleñas hace un llamamiento a los Estados Unidos para:
1. Demostrar la voluntad política para terminar el conflicto de la región de los Grandes Lagos de África.
2. Sancionar a Ruanda y Uganda en la ONU por violar el régimen de sanciones de la ONU y el embargo de armas por armar a las milicias rebeldes en el Congo y por no respetar los protocolos firmados por los jefes de estado en la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos.
3. Remitir los nombres de los oficiales ruandeses del más alto nivel señalados en el informe del grupo de expertos de la ONU, comenzando por el ministro de defensa ruandés James Kaberebe, el jefe de la “defense-staff” Charles Kayonga y el Gen. Jacques Nziza, consejero militar de Kagame. Sección 8 de la resolución 2076 del Consejo de Seguridad de la ONU “expresa su intención de considerar otras sanciones, de acuerdo con el criterio establecido en la resolución 1857 (2008) contra los líderes del M23 y [aquellos que provean ayuda externa al M23] y aquellos que actúen en violación del régimen de sanciones y el embargo de armas, y llama a los estados miembros a remitir, de forma urgente, listas de propuestos al comité 1533
4. Llevar a cabo acciones similares en el senado norteamericano para que se cumpla la enmienda 3199 de la “National Defense Authorization Act (NDAA)” que hace un llamamiento a congelar bienes y prohibir visas a aquellos que apoyen al M23.
5. Por parte del presidente de los Estados Unidos añadir a la existente lista de sanciones del ministerio de hacienda, de acuerdo a la orden ejecutiva 13413, a los oficiales de máximo nivel de los gobiernos ruandés y ugandés nombrados en el informe de noviembre del 2012 del grupo de expertos de la ONU.
6. Denegar ayudas a Ruanda hasta que el grupo de expertos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos tenga evidencias creíbles que el gobierno de Ruanda no apoya a las milicias rebeldes en la RDC.
7. Iniciar una investigación en relación a si la enmienda de Leahy fue violada como resultado de la ayuda militar de los Estados Unidos a los ejércitos de Ruanda y Uganda.
8. Enmienda a la ley pública 109-456 para hacer un requerimiento a la secretaria de estado para denegar ayudas a los países vecinos del Congo que desestabilicen el Congo. La actual ley autoriza al secretario de estado a denegar ayudas pero no hace que sea obligatorio que el secretario de estado deniegue ayudas a los países vecinos del Congo.
9. Sección 102(3) de la PL 109-456, apoya instituciones democráticas en la RDC vía ayudas técnicas, financieras y de entrenamiento para reforzar los esfuerzos locales y expandir el espacio democrático y fortalecer las instituciones democráticas en el Congo.
10. Elevar el perfil del informe Mapping Exercise de la ONU y requerir al embajador de los Estados Unidos en la ONU Para que implemente las recomendaciones del informe como prioridad.
11. Aunque muchos institutos políticos han llamado a una reforma del sector de seguridad en el Congo, no puede existir una reforma exitosa del sector de seguridad sin reforma del sector político. El gobierno de los Estados Unidos debería apoyar la reforma de la Comisión Electoral congoleña y asegurar vía condicionalidad que no cambie para extender el término de la presidencia.
Gracias
Atentamente
Diaspora Congoleña de Mujeres Inmigrantes, Refugiadas, y Buscadoras de Asilo en Belgica, Canada, Francia, Sudafrica, Reino Unido y los Estados Unidos de América
